La Localidad Norte Centro Histórico se ha convertido en el área de operaciones delictivas por parte de ciudadanos venezolanos.

De hecho, según las estadísticas del Observatorio del Delito de la Policía Metropolitana, la Localidad registra el mayor número de capturas de personas de ese país.

Desde que se intensificó la inmigración de venezolanos a Barranquilla, en los últimos tres años han sido capturadas 198 personas, de las cuales 163 hombres y 35 mujeres, así: 31 en 2016, 108 en 2017 y 59 en lo que va de 2018.

Por localidades, las capturas se han registrado de la siguiente manera: Norte Centro Histórico, 89; Suroccidente, 39; Suroriente, 28; Riomar, 21 y Metropolitana, 21.

De esas personas, 3 corresponden al rango de edad de 16 - 20 años; 73 entre 21 - 25 años; 43 entre 26 - 30 años; 21 de 31 a 35 años y 22 entre los 36 y 40 años.

De acuerdo con los registros, 48 de los capturados fueron judicializados por hurto a personas; 37 por hurto a entidades comerciales; 33 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 16 por porte ilegal de armas; 13 por uso de documentos falsos; 10 por homicidio; 7 por lesiones personales y 34 por otros delitos de impacto.

El incremento de los delitos por parte de venezolanos ha generado un gran impacto de inseguridad en los diferentes sectores de la ciudad.

La situación tiene prendidas las alarmas en las diferentes autoridades, que, sin embargo, no han escatimado esfuerzos para atender a la avalancha de inmigrantes.

Tanto así que a través de la Personería y la Alcaldía de Soledad durante el mes de abril fueron atendidos 1.798 núcleos familiares en los diferentes centros del Ministerio Público, así como en los barrios La Paz y Simón Bolívar.

En el resto del Atlántico han sido atendidos 3.433 núcleos familiares de venezolanos, así: 502 en Sabanalarga, 497 en Repelón; 480 en Manatí; 399 en Santa Lucía, 328 en Suan, 326 en Candelaria, 304 en Ponedera, 244 en Campo de la Cruz, 181 en Luruaco y 172 en Baranoa.

De esa cantidad de núcleos familiares, la Cancillería colombiana, que trabaja conjuntamente con autoridades locales, departamentales y Migración, ha aceptado a 2.566.

Según la Gerencia de Fronteras de la Unidad Nacional del Riesgo, por simple cercanía geográfica, cultural y familiar, Colombia ha sido el país que más ha recibido tanto ciudadanos venezolanos como colombianos retornados en los últimos años. Desde hace varios años este desplazamiento a Colombia se venía acelerando, pero del 2016 hacia el presente su crecimiento ha sido exponencial y ha causado que pequeños asentamientos urbanos y rurales dupliquen su población.

Por esto, el número de demanda en necesidades a satisfacer por parte del Estado ha surtido un desequilibrio abismal con respecto al número de oferta que se venía generando. Este aumento de la población no se esperaba, y ha causado distorsiones sociales, económicas,  de seguridad, ambientales entre otras que ponen en alerta a los territorios de la necesidad de intervenir y diseñar políticas y programas que puedan contrarrestar esta situación. Pero no se conoce a ciencia cierta el número de inmigrantes venezolanos y colombianos retornados que han ingresado al país, debido a que en su mayoría lo han hecho de forma ilegal, de manera inesperada dejando atrás su vida, su hogar y hasta sus documentos

“El retorno de connacionales al país incrementa la presión de la fuerza laboral, que se traduce en potencial aumento de desempleo, debido a que nos encontramos frente a dos situaciones mano de obra calificada y mano de obra no calificada por debajo de los precios del mercado”, sostiene la entidad.

En consecuencia, con el aumento del flujo de connacionales y de población extranjera se presenta un incremento en la demanda de los servicios básicos de atención en salud y las necesidades de educación, para lo cual “el departamento se ha visto obligado a responder a esta demanda de servicios con los mismos recursos que le son asignados por el Sistema General de Participaciones, los cuales para la nueva realidad de población son insuficientes, lo que ha llevado a que el Gobernador Eduardo Verano promueva desde la Federación Nacional de Departamento la iniciativa de ampliar el Plan Nacional de Fronteras a otros territorios como Atlántico y Bolívar, así como plantear la necesidad de destinar recursos nacionales que permita a las entidades territoriales atender la demanda de servicios de connacionales con condición de retorno y de migrantes venezolanos con enfoque humanitario”, según advierte la entidad.

En la práctica la avalancha inmigratoria genera dos graves problemas: primero, neutralizar la delincuencia proveniente del vecino país y, segundo, la atención a las miles de familias que siguen llegando al territorio atlanticense y que ponen en jaque a los entes locales.

Lo grave del caso es que el problema sigue ‘madurando’ cada vez más.